¿De qué hablamos cuando hablamos de Derechos Humanos en las cárceles?

La conferencia estuvo a cargo del Dr. Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario
¿De qué hablamos cuando hablamos de Derechos Humanos en las cárceles?

La Facultad de Derecho (FDER) de la UM organizó la conferencia “¿De qué hablamos cuando hablamos de Derechos Humanos en las cárceles?”, a cargo del Dr. Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, en el marco del Postgrado de Derecho Penal Económico. El Dr. Jorge Barrera, director académico del postgrado realizó la presentación junto al Profesor Dr. Nicolás Etcheverry.  

“Este es un tema complejo y difícil de comunicar, ya que convergen elementos jurídicos, institucionales de política pública, en el cual es muy difícil comunicar al gran público y a los tomadores de decisiones. Esta podría ser una de las claves de por qué existe un atraso entre la realidad de un país y su realidad del sistema penitenciario”, comenzó explicando el Dr. Petit. En ese marco, recordó la frase de Nelson Mandela que decía que “cuando queremos ver el grado de apego a la justicia de un país, habría que observar el sistema penitenciario, ahí se ve cómo se trata a las personas”, comentó Petit en la conferencia del 23 de agosto.  

En la presentación de la actividad, el Dr. Barrera manifestó que “esta temática no es de unos o de otros, sino de nosotros, pues a todos los uruguayos nos incumbe”. Por su parte, el Dr. Etcheverry sostuvo: “Si nuestras cárceles hace tanto tiempo que están hacinadas es porque nuestra idea de derechos y deberes humanos está todavía en este aspecto muy vacía y hueca […] son una vergüenza y una bofetada para nuestra comprensión de lo que es la dignidad humana y lo que significa el trato cruel, inhumano y degradante” . Y agregó: ”No deja de ser irónico y contradictorio el interés y preocupación que cada vez más parte de nuestra sociedad pone en proteger los derechos de los animales, con iniciativas de todo tipo, elogiables y positivas sin duda, mientras sigue desentendiéndose de las personas privadas de libertad, mirando hacia el costado como si ese tema no fuera de su incumbencia”. 

“En la actualidad hay cerca de 14.000 privados de libertad en 10.000 plazas”  

El Dr. Petit explicó que el crecimiento de ingreso a las cárceles se enlenteció en Uruguay, pero sigue creciendo. “Ahora está creciendo a una tasa de 1.5% por mes, con un acumulado anual aproximado de 6%. Una situación dramática. En la actualidad hay cerca de 14.000 privados de libertad en 10.000 plazas. En Uruguay están faltando 4.000 plazas; lo que significa, según la recomendación de las Naciones Unidas, ocho cárceles de 500 personas cada una. Un estimado de 100 y 140 millones de dólares, más 800 funcionarios, mantenimiento de la infraestructura, vigilancia, vehículos y más”, sostuvo.  

A esto, se le suman a la realidad uruguaya 12.000 personas con medidas alternativas “que tienen un limitadísimo seguimiento, ya que solo se cuenta con una veintena de técnicos […] En conclusión, la demografía penal en Uruguay es muy significativa”, añadió el experto.   

“Debemos asegurar la seguridad y la rehabilitación de los condenados”  

Respecto a la solución planteada por Petit, el doctor explicó que, en Uruguay, el tema “ha tenido marchas y contramarchas, en los mecanismos penales y procesales […] El camino que hay que seguir no es el de alegar por castigar duramente a quienes cometen delitos, sino que hay que tratar de neutralizar y filtrar la violencia a través de otros mecanismos que incluyen la seguridad y un tratamiento integral de la persona, su salud, cultura, derecho a la familia, derecho a la comunicación y participación, la rehabilitación, entre otros”.  

Lo que sucede es que, en ocasiones, hay grupos o partidos en la sociedad que “son muy abiertos, humanistas, para determinados tipos de delitos y muy cerrados, duros para otros”, comentó.  

En Uruguay, un tercio del sistema penitenciario tiene condiciones de rehabilitación adecuadas. “[…] Estamos de acuerdo que nadie se rehabilita por tener una cama o salir a un patio, son elementos necesarios e imprescindibles, pero no alcanzan”, sentenció Petit. Para el comisionado, “debemos asegurar la seguridad y la rehabilitación de los condenados. Estos son los dos componentes de la ejecución penal cuya composición exacta es difícil de establecer”.  

En su ponencia, el Dr. Petit destacó como positiva la creación reciente del Consejo de Política Criminal, “un espacio interesante para poder dialogar sobre estas cuestiones y buscar medidas prácticas, ya que hay un fenómeno que no es jurídico, es social y cultural, que es la masificación y banalización del consumo y venta de drogas, y la incorporación cultural de esas conductas”, dijo.  

Derecho al tratamiento  

En Uruguay hay, aproximadamente, un 33% de las cárceles “con condiciones de trato cruel, inhumano y degradante. Y un 40% con condiciones insuficientes de rehabilitación”, afirmó el exponente.  

Por otro lado, explicó que es necesario poner en marcha el “derecho al tratamiento”. Para Petit, la rehabilitación es lograr que la persona “se mueva del lugar en el que estaba antes de entrar en el proceso de ejecución penal. Y esto implica un tratamiento: acceder a actividades y derechos, con las limitaciones que puede tener la cárcel”.   

Para finalizar su conferencia virtual, el Dr. Petit remarcó la idea de que “ningún derecho puede, aunque la persona sea trasladada a la cárcel, transformarse en un deber; sigue siendo un derecho de la persona […] Lo mejor no es necesariamente penas largas y cárceles severas, sino atender otro tipo de aspectos e integrar la política penitenciaria a la política social”.  

Juan Miguel Petit es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y ha trabajado en políticas sociales y en periodismo. Fue director del Consejo del Niño e Instituto Nacional del Menor (actual INAU) (1985-90), gerente Técnico del Centro Nacional de Rehabilitación (2001-2005), relator Especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2001-2007), asesor en Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007-2015). A su vez, fue consultor de la Organización Internacional para las Migraciones sobre trata de personas y explotación sexual comercial, cronista del semanario Opinar (1980-83), redactor Responsable del semanario Jaque (1983-85), editor del semanario Tres (1996-2001), periodista y conductor en radio El Espectador y el diario El País (2001-2007).